Luz verde a las leyes de Voluntariado y Tercer Sector de Acción Social
Se refuerza el papel de las organizaciones sociales en el diseño y ejecución de las políticas públicas en el campo de los servicios sociales (lucha contra la pobreza, apoyo a los colectivos vulnerables, etc.) y salen reforzados los derechos y deberes de los voluntarios y de las entidades en las que participan, ya que se definen su concepto, su radio de actuación, la conexión con las administraciones y la nueva opción que se abre para que empresas y universidades promuevan iniciativas de voluntariado.
Gracias a ambos anteproyectos, el Gobierno avanza en la puesta en marcha de su Agenda Social, destinada a trasladar los síntomas de la recuperación económica a los ciudadanos, en especial a aquellos a los que la crisis ha golpeado con mayor dureza.
Ley de Voluntariado.
España es el sexto país de la Unión Europea en participación en actuaciones de voluntariado y la implicación social ha crecido entre 2011 y 2013 a más velocidad que la media europea. Este compromiso y entrega lo ilustran unos datos: 6 millones de españoles son voluntarios, un 15 % de la población. El contexto ha cambiado de modo relevante, y por dicha razón, la Ley vigente, que data de 1996, ya no daba respuestas a la nueva realidad del voluntariado.
Estructurada alrededor de cinco objetivos (regulación diferenciada, nuevos mecanismos de cooperación de las administraciones con las entidades locales, la apertura del voluntariado a otros ámbitos y la incorporación de nuevos actores, como las universidades y las empresas), la Ley del Voluntariado fija el régimen jurídico de las personas voluntarias y sus relaciones con las entidades de voluntariado, establece el marco jurídico de la administración, contempla otros ámbitos de voluntariado y tiene en cuenta no sólo la actividad en suelo nacional, sino que abarca también actuaciones a escala internacional.
Ya que la Ley atiende las nuevas realidades, establece nuevos ámbitos de voluntariado: social, internacional de cooperación al desarrollo, ambiental, cultural, deportivo, de ocio y tiempo libre , comunitario y de protección civil, que es el que surge a raíz de una emergencia o una catástrofe natural.
Se enumeran los derechos y deberes de los voluntarios y de las personas destinatarias (como no dar nunca prestación económica o material al voluntario), y se regula quién o quiénes no pueden desempeñar dicha actividad.
Las empresas y las universidades irrumpen en esta Ley como nuevos actores del voluntariado. Las primeras podrán participar en actuaciones en dicho campo siempre que se adapten al interés general que define la norma, y a sus proyectos se sumarán los propios trabajadores si así lo desean, aunque en ningún caso sin que ello signifique el cese del contrato. Y las segundas podrán apostar por acciones dirigidas a la población universitaria si se desenvuelven en los ámbitos de la sensibilización, formación o investigación. Los estudiantes podrán sumarse libremente a estas iniciativas, pero estas nunca podrán sustituir servicios a los que está obligada la administración universitaria.
Ley del Tercer Sector de Acción Social.
La solidaridad, el compromiso con la igualdad y con la justicia social, y la participación ciudadana tienen en España un reflejo claro en el llamado Tercer Sector de Acción Social. En nuestro país, como ha recordado Alonso, hay alrededor de 30.000 entidades sociales y su actividad representa casi un 2 % del PIB. Generan, además, puestos de trabajo: casi 636.000 personas trabajan en dicho ámbito, un 3,5 % del empleo español.
Se trata de una vía de acción ciudadana alternativa, y a veces complementaria, a la que establecen las administraciones, y siempre con un foco nítido: ayudar a los grupos sociales excluidos o en riesgo de exclusión. Su labor enriquece la ejecución de las políticas contra la pobreza, pero no sólo eso: también impulsan la inclusión y la integración y son actor principal en la concienciación y sensibilización ciudadana.
Su finalidad consiste en fortalecer la capacidad del Tercer Sector de Acción Social como interlocutor ante las administraciones Públicas, dotarle de un marco normativo pegado a la realidad actual y garantizar su participación en la elaboración y seguimiento de las políticas públicas orientadas a apoyar a los colectivos que lo requieren.
Sobre la base de la ya constituida (en febrero de 2013) Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector, la nueva Ley define el Tercer Sector de Acción Social como el conjunto de organizaciones de carácter privado, sin ánimo de lucro y surgidas de la iniciativa ciudadana o social que buscan objetivos de interés general a través de la solidaridad y participación. Deberán tener personalidad jurídica e integrar el voluntariado en el desarrollo de sus actuaciones.
A partir de este punto, se concretan sus principios, que son la participación democrática de sus miembros, el carácter altruista, la transparencia en la gestión, la autonomía, la cohesión social, la promoción de la igualdad y la no discriminación y el establecimiento de fines socialmente relevantes.
"Este es un gran paso para reconocer la labor de los voluntarios y el trabajo que realizan de manera altruista y solidaria. Es necesaria la implantación social y que ese Tercer Sector fortalezca su ámbito ."
